El Reino Unido ha dado un paso significativo hacia una infraestructura de vigilancia masiva con la decisión de la Policía Metropolitana de instalar cámaras de reconocimiento facial de forma permanente en Croydon, al sur de Londres. Se trata del primer despliegue fijo de esta tecnología en todo el país, que comenzará a operar a partir del mes de julio, según ha confirmado la propia policía en una carta dirigida a líderes comunitarios.
A diferencia de las operaciones móviles previas, estas nuevas cámaras estarán instaladas en farolas y edificios, funcionando de manera continua cuando haya agentes desplegados en la zona. Las imágenes captadas serán analizadas en tiempo real y comparadas con bases de datos policiales en busca de personas con órdenes de detención. Desde la policía se asegura que las imágenes se eliminarán automáticamente si no se produce una coincidencia.
Un salto cualitativo en la vigilancia
Este movimiento marca un cambio profundo en el enfoque del uso de tecnologías de vigilancia en el espacio público. Hasta ahora, el uso del reconocimiento facial se había limitado a operaciones puntuales mediante unidades móviles. Con el nuevo sistema, la policía busca integrar esta herramienta como parte de su operativa habitual, sin necesidad de depender de vehículos específicos.
Según datos oficiales, en 2023 se realizaron más de 500 detenciones en Londres utilizando reconocimiento facial móvil, incluyendo casos relacionados con delitos graves como acoso, violencia doméstica y agresiones sexuales.
Sin embargo, este nuevo despliegue permanente ha generado una oleada de críticas desde diversos sectores preocupados por las implicaciones legales y éticas de esta tecnología.
Críticas por la ausencia de garantías legales
Organizaciones defensoras de la privacidad, como Big Brother Watch, han advertido que la instalación de estas cámaras representa una «escalada preocupante» en el uso de sistemas de reconocimiento facial sin una base legislativa adecuada ni mecanismos efectivos de supervisión. Según su directora interina, Rebecca Vincent, el Reino Unido se encuentra en una «pendiente resbaladiza hacia una pesadilla distópica», en la que la tecnología puede ser utilizada sin control ni transparencia.
A estas críticas se suma la preocupación por la posible inclusión de ciudadanos en bases de datos policiales sin que hayan cometido delito alguno. Fraser Sampson, excomisionado de vigilancia en Reino Unido, ha señalado que millones de personas podrían ser rastreadas de manera constante sin su consentimiento, lo que plantea serias dudas sobre la proporcionalidad y necesidad de estas medidas.
Un modelo de vigilancia con implicaciones más allá de Londres
Desde el ámbito político, la iniciativa ha sido respaldada por representantes del Partido Conservador, quienes la presentan como una medida efectiva para mejorar la seguridad pública. Chris Philp, diputado por Croydon South, ha llegado a afirmar que quienes se oponen al reconocimiento facial estarían facilitando la impunidad de los delincuentes.
No obstante, el debate trasciende la seguridad. El despliegue en Croydon podría sentar un precedente para una red de vigilancia permanente en todo el país, en ausencia de una legislación específica que regule su uso. La falta de transparencia, la imposibilidad de auditar de forma independiente los algoritmos utilizados y el escaso control parlamentario han convertido al reconocimiento facial en un punto de fricción en el debate sobre derechos civiles en el Reino Unido.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue sin tener garantías plenas sobre cómo se recopilan, almacenan y procesan sus datos biométricos en el espacio público. La consolidación de estos sistemas plantea una cuestión de fondo que aún no ha sido resuelta: ¿cómo equilibrar la seguridad con el derecho a la privacidad en una sociedad democrática?
Referencia: The Standard.uk
