El Grupo de Alto Nivel (HLG) de la Unión Europea, responsable de definir estrategias de investigación e innovación en el ámbito digital, ha identificado el uso de redes privadas virtuales (VPN) como un “desafío clave” para las labores de aplicación de la ley. Este posicionamiento forma parte de un plan más amplio impulsado desde el Consejo de la UE, destinado a facilitar el acceso legal a datos digitales en dispositivos personales y conectados.
Desde junio de 2023, el grupo HLG trabaja en una hoja de ruta centrada en el acceso a la información digital en aras de una aplicación “eficaz” de la ley. Según se ha conocido a través de documentos filtrados, el objetivo sería permitir el acceso legal por parte de las autoridades a dispositivos como smartphones, tablets, electrodomésticos inteligentes o vehículos conectados. En otras palabras, se trataría de legalizar la monitorización profunda de la información personal en el entorno digital europeo.
Este enfoque ha generado controversia, especialmente tras las declaraciones del jefe de Europol a principios de año, quien afirmó que “el anonimato no es un derecho fundamental”. Sus palabras resuenan con fuerza en un contexto donde la privacidad digital está en el centro del debate.
La privacidad bajo la lupa: del cifrado a las VPN
El informe del HLG no se limita al uso de VPN, sino que amplía su alcance a herramientas de cifrado de extremo a extremo como las usadas por aplicaciones de mensajería segura (por ejemplo, Signal o Telegram), así como servicios de correo electrónico cifrado como Proton Mail. Estas tecnologías, pensadas para proteger la privacidad del usuario, estarían dificultando el trabajo de las autoridades, según el documento.
Un precedente reciente es el caso de Telegram, cuya cúpula directiva fue investigada en Francia en 2024. Posteriormente, la plataforma introdujo cambios que afectaron a la privacidad de los usuarios, como la moderación de chats privados o la posible entrega de datos como IPs o números de teléfono ante orden judicial.
En paralelo, se observa un aumento en el uso de herramientas de privacidad digital, muchas veces impulsado por medidas gubernamentales que buscan frenar servicios no autorizados, como las plataformas IPTV. En Italia, por ejemplo, se han impuesto sanciones de hasta 5.000 euros por acceder a estos servicios mediante VPN o DNS alternativos, lo que ha derivado en presiones sobre los proveedores para que identifiquen a sus usuarios.
¿Un equilibrio posible entre seguridad y privacidad?
El propio HLG reconoce que el acceso a datos no debería hacerse a costa de los derechos fundamentales. En su informe, subraya la importancia del cifrado como herramienta esencial para proteger a los ciudadanos frente al espionaje, el robo de datos o el acceso no autorizado.
Diversos expertos en ciberseguridad y criptografía han respondido con preocupación, recordando que el cifrado no puede aplicarse de forma selectiva: o es robusto para todos los usuarios, o pierde su eficacia. La creación de “puertas traseras” para el acceso legal podría abrir vulnerabilidades explotables por actores maliciosos, advirtieron.
El futuro del anonimato digital en Europa
La discusión sobre el uso de VPN y tecnologías de cifrado plantea un dilema clave para el futuro digital europeo: cómo garantizar la seguridad nacional y la eficacia de las investigaciones sin comprometer la privacidad de los ciudadanos.
En un contexto global de tensiones tecnológicas y geopolíticas, la Unión Europea busca reforzar su soberanía digital, lo que incluye el control del acceso a los datos generados dentro de su territorio. Sin embargo, el equilibrio entre seguridad y libertad individual sigue siendo objeto de intenso debate tanto en instituciones como en la sociedad civil.
