La Audiencia Provincial de Oviedo ha ratificado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cangas de Onís, que declara nulo un préstamo de 27.500 euros y un contrato de tarjeta prepago virtual, ambos suscritos de manera fraudulenta a nombre de una clienta de un conocido banco malagueño. Este fallo se produce tras un ataque cibernético que involucró técnicas de «phishing» y «smishing», donde los ciberdelincuentes lograron acceder a las claves bancarias de la afectada.
El origen del caso se remonta a abril de 2022, cuando la cliente, residente en Cangas de Onís, advirtió movimientos inusuales en su cuenta tras recibir varias llamadas fraudulentas. A pesar de no haber proporcionado información bancaria, los delincuentes pudieron vincular un teléfono móvil y, sin restricciones, contratar un préstamo instantáneo y una tarjeta prepago. Las claves fueron enviadas al dispositivo vinculado, facilitando así el acceso a los fondos de la víctima.
Según Íñigo Serrano, abogado del despacho Sello Legal Abogados y representante de la afectada, la sentencia enfatiza que las entidades financieras tienen una responsabilidad significativa en la protección de los activos de sus clientes. El tribunal determinó que el banco no demostró haber tomado las medidas de seguridad adecuadas para prevenir el fraude, lo que pone de manifiesto la falta de diligencia en la vigilancia de las cuentas afectadas.
La resolución judicial destaca la insuficiencia de los sistemas de autenticación implementados por la entidad y la incapacidad para detectar transacciones de riesgo elevado. Además, el fallo exige que la entidad bancaria restablezca la cuenta de la víctima al estado previo al fraude y se haga responsable de las costas del proceso judicial.
Este veredicto establece un precedente importante en el ámbito de la ciberseguridad y la defensa del consumidor financiero. Recalca la necesidad de que las instituciones financieras implementen medidas de control y tecnológicos adecuados para prevenir estafas que afectan a sus clientes. La justicia ha subrayado que el avance tecnológico debe ir acompañado de una protección robusta, evitando así que el riesgo recae en los consumidores.
