La campaña “El fin de la privacidad en público”, impulsada por el Gobierno Británico para sensibilizar sobre el impacto del reconocimiento facial (FRT, por sus siglas en inglés) en espacios públicos, ha revelado importantes carencias en la regulación y supervisión de esta tecnología. Según un informe de la organización Privacy International, los parlamentarios británicos han demostrado una notable falta de conocimiento y acción frente al despliegue de esta tecnología en sus distritos.
Desconexión entre legisladores y ciudadanos
De acuerdo con los resultados del informe, el 70% de los parlamentarios desconocen si la tecnología de reconocimiento facial está siendo utilizada en sus áreas de competencia. Además, las respuestas proporcionadas por los miembros del Parlamento evitaron abordar las preocupaciones clave planteadas por sus electores, como la confirmación del uso de esta tecnología en espacios públicos, comercios o por parte de las fuerzas policiales locales.
La mayoría de las respuestas de los parlamentarios se limitaron a afirmaciones genéricas, destacando la regulación de la tecnología a través del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley de Protección de Datos de 2018. Sin embargo, Privacy International advierte que estas normativas solo abordan aspectos limitados relacionados con la protección de datos personales, dejando de lado cuestiones más amplias como la vigilancia masiva, los sesgos discriminatorios y las implicaciones éticas y legales.
Riesgos de la vigilancia masiva
El despliegue del reconocimiento facial en espacios públicos plantea serios desafíos para la privacidad y los derechos fundamentales. Según el informe, esta tecnología podría infringir los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Además, existen preocupaciones sobre sesgos en los algoritmos utilizados, que tienden a discriminar a mujeres y a personas de minorías étnicas.
A pesar de estas inquietudes, la regulación actual del reconocimiento facial en el Reino Unido se basa en un “parcheo” legal que combina leyes como el Código de Cámaras de Vigilancia, la Ley de Pruebas Penales de 1984 y la Ley de Derechos Humanos. Sin embargo, estas normativas no fueron diseñadas específicamente para abordar las complejidades del FRT, lo que resulta en vacíos legales, aplicación inconsistente y falta de transparencia.
Llamado a una regulación efectiva
Privacy International y la Oficina del Comisionado de Información (ICO) han instado al Gobierno británico a implementar un código de prácticas obligatorio que establezca salvaguardas claras y efectivas para el uso del reconocimiento facial. Según el ICO, un marco normativo estandarizado no solo garantizaría la consistencia y transparencia en el uso de esta tecnología, sino que también reforzaría la confianza pública.
La falta de acción concreta por parte de los legisladores, sumada a la continua expansión del reconocimiento facial en espacios públicos, ha llevado a Privacy International a relanzar su campaña para exigir una mayor protección de los derechos de los ciudadanos.
Un debate pendiente
El uso del reconocimiento facial en Reino Unido sigue siendo un tema polémico. Si bien algunos parlamentarios han expresado su oposición a la tecnología en vigilancia pública y han señalado los riesgos asociados, la mayoría de las respuestas destacan la necesidad de equilibrar la seguridad colectiva con la protección de libertades individuales.
A medida que la tecnología continúa avanzando, la presión por establecer una regulación integral y adaptada a los retos éticos y legales del reconocimiento facial es cada vez más urgente. La campaña “El fin de la privacidad en público” se presenta como un recordatorio de que la privacidad debe ser una prioridad en la era de la vigilancia tecnológica.
