A partir del próximo 2 de diciembre, los hoteles y apartamentos turísticos en España tendrán la obligación de recabar mucha más información de sus clientes. El Real Decreto 933/2021, publicado por el Ministerio del Interior, entrará en vigor tras cumplirse la moratoria establecida y aumentará de 14 a 42 los datos personales que deberán ser comunicados a la Policía. Este cambio ha generado preocupación entre los defensores de la privacidad y la protección de datos.
El objetivo oficial de esta normativa, según el Gobierno, es reforzar la seguridad ciudadana, argumentando que la amenaza del terrorismo y el crimen organizado exige medidas más estrictas para controlar quiénes se alojan en estos establecimientos. Los datos recopilados incluirán información detallada del viajero, su método de pago, la duración de su estancia y detalles específicos del establecimiento, como la conexión a internet o el número de habitaciones.
Un incremento significativo en los datos solicitados
Hasta ahora, los hoteles y alojamientos debían recopilar 14 datos básicos de sus huéspedes, como nombre, apellidos, documento de identidad y nacionalidad. Con la nueva normativa, esa cifra aumentará hasta 42, incluyendo información más sensible como números de teléfono, correos electrónicos, relación de parentesco entre los viajeros (en caso de menores de edad), detalles del método de pago e incluso el número de referencia del contrato de hospedaje.
La tabla comparativa adjunta ilustra el aumento en los requisitos de información. Mientras que antes se pedían principalmente datos personales del huésped, ahora se añade información relacionada con la transacción comercial, como el tipo de pago (ya sea en efectivo o con tarjeta), el IBAN o la fecha de caducidad de la tarjeta de crédito.
Preocupaciones sobre la privacidad
El anuncio ha generado inquietud entre los defensores de la privacidad y expertos en ciberseguridad, quienes ven en esta normativa una expansión innecesaria de la vigilancia estatal. La acumulación de tanta información personal por parte de los hoteles, especialmente en un entorno digital que ha mostrado vulnerabilidades en diversas ocasiones, plantea serias dudas sobre la protección de los datos de los ciudadanos.
«El problema no es solo la cantidad de información que se recopila, sino el riesgo que supone para los usuarios entregar estos datos a sistemas que ya han mostrado brechas de seguridad en más de una ocasión», señalan críticos de la medida. Además, se ha cuestionado el impacto de esta regulación en la relación entre los viajeros y los establecimientos turísticos, quienes deberán cumplir con un marco legal mucho más exigente.
¿Una amenaza a la privacidad o una medida necesaria?
Desde el Ministerio del Interior han defendido la medida como esencial para la protección y seguridad del país, asegurando que la información recabada será tratada de forma confidencial y solo con fines internos. Sin embargo, algunos se preguntan si no es un enfoque excesivo que podría comprometer la confianza de los viajeros, especialmente cuando la recopilación de datos incluye aspectos financieros tan delicados como la información bancaria.
El Real Decreto 933/2021 promete ser un nuevo capítulo en el debate sobre la privacidad y el control estatal en España. Queda por ver si esta regulación logra el equilibrio entre seguridad y protección de datos que demanda la sociedad actual.
Vía: BOE
